Euskadi Ta Askatasuna (en
español, Patria Vasca y Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una
organización terrorista, autodeclarada independentista y
nacionalista vasca, de ideología
marxista-
leninista, que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos fundamentales en los que se encuentra de manera prioritaria la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina
Euskal Herria de los estados de
España y
Francia. Para ello utiliza el
asesinato, el
secuestro, la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en
Francia. Fundada por escisión de miembros del
Partido Nacionalista Vasco, durante la
dictadura franquista contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, si bien tras el
proceso democratizador iniciado en
1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del
Estatuto de Gernika en
1979 hasta la actualidad en la que su condición criminal es plenamente admitida por la inmensa mayoría de los estados y las organizaciones internacionales tales como las
Naciones Unidas, el
Consejo de Europa, así como las organizaciones defensoras de los
derechos humanos más prestigiosas como
Amnistía Internacional.
DENOMINACION:
Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los
gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En vasco, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.
Los miembros y partidarios de la organización frecuentemente utilizan asimismo el término «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerrero, combatiente, etc. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra el alzamiento de los
nacionales. El romanticismo de ese término proviene de que en la
guerra civil, por medio de la prensa afín, se difundió que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.
HISTORIA:
Durante la dictadura:
Orígenes:
En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre
Ekin (emprender en euskera) en Bilbao. A partir de 1953, y a través del
Partido Nacionalista Vasco, el grupo toma contacto con la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (
EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación que llevan a la escisión de ambos grupos. EKIN se convierte en ETA el
31 de julio de
1959. Por cuestiones de carácter ideológico se desligarán del PNV ya que ETA era de ideología marxista-leninista, deseando además una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el
tercer mundo, como la descolonización de
Argelia. Su ideario, plasmado en su primera asamblea, celebrada en el monasterio benedictino de Belloc (
Francia) en mayo de
1962, se basaba en:
El regeneracionismo histórico, considerando la historia vasca como un proceso de construcción nacional.
Lo que define la nacionalidad vasca es el euskera, en vez de la etnia, como lo hacía entonces el PNV.
Se definen como aconfesionales, rechazando la jerarquía de la
Iglesia, aunque utilizan su doctrina para la elaboración de su programa social. Esto contrasta con el catolicismo del PNV.
El socialismo.
La independencia de Euskadi, compatible con el federalismo europeo.
Primeras asambleas y primeros atentados:
Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el
comunismo. Esta asamblea se celebró en
Bayona en la primavera de
1963.
En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de
1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».
Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses
Begoña Urroz Ibarrola el
27 de junio de
1960, a causa de la colocación de una bomba en
San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en
1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del
guardia civil José Pardines Arcay el
7 de junio de
1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en
1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de
Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de
San Sebastián y torturador franquista. En
1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el
proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de
1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno
Luis Carrero Blanco en
Madrid, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.
IV Asamblea: las tres corrientes:
A partir de la IV Asamblea aparecen algunas de las líneas de fractura que dividirán a los miembros de la organización y se harán más claras en asambleas sucesivas, dando lugar a varias escisiones. De manera simplificada, por una parte hay una tensión ideológica entre quienes dan preeminencia a los aspectos más nacionales o vasquistas de la actividad de ETA y quienes privilegian la implicación en las luchas obreras que sacuden a toda España en esos años; por otra, se discute sobre los grados de importancia que deben tener en el quehacer de la organización las luchas netamente políticas de un lado y la actividad armada de otro. En la IV Asamblea, que se inició en agosto de
1965 en Guipúzcoa, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los
jesuitas de Loyola (
Azpeitia) y continuó en una cabaña de las campas de
Urbía, lugar próximo al
Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, al ser sorprendidos algunos delegados del exilio de camino a la primera sede, se marcaron tres tendencias:
Los «culturalistas» o «etnolingüistas», representados por
José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi. Son el sector más vasquista.
Los «obreristas», representados por
Patxi Iturrioz.
Los «tercermundistas», representados por Zalbide; otro sector nacionalista partidario de establecer un vínculo entre la lucha por la independencia vasca y las luchas de liberación nacional que se estaban dando en varios países del
Tercer Mundo frente a las potencias coloniales.
En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en
Vergara (Guipúzcoa) el
24 de septiembre de 1965).
V Asamblea: ETA Berri y ETA Zaharra:
La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de
1966 en la casa parroquial de
Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de
1967 en la casa de ejercicios espirituales de la
Compañía de Jesús de
Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron
ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado
Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.
VI Asamblea: ETA-V y ETA-VI:
En la VI Asamblea, celebrada en el verano de
1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de
EGI, las juventudes del
PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en
1973 integrarse en la
Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el
PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).
La segunda VI Asamblea: ETA militar y ETA político-militar:
La VI Asamblea de
1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de
Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra
Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.
Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones:
ETA Militar (ETAm o ETA(m)) y
ETA Político-Militar (ETApm o ETA(pm)). Esta última es mayoritaria.
Durante la transición:
Cuando se inicia la llamada
transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de
1977, el
Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político
Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el
PSE-
PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA(pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos
bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como
Antxon o
Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada
Alternativa KAS.
ETA, por su parte, consideraba que con el
sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el primer atentado con
coche bomba en
Madrid, en septiembre de
1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de
1986; o el
atentado de Hipercor, el
19 de junio de
1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de
Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.
Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente,
Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.
Durante la democracia:
Entre
1983 y
1987 surgieron los
Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, organización que cometió varios asesinatos, secuestros y torturas, tanto de miembros de ETA como de civiles. Se llamó a esto la «
guerra sucia». Más tarde se detuvo y en
1997 se juzgó y encarceló a personas implicadas en el GAL, entre las que había responsables políticos de alto nivel, entre ellos el propio ministro socialista del interior,
José Barrionuevo.
En
1986 se fundó la Coordinadora
Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en
Ordizia a María Dolores González Katarain,
Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».
El
12 de enero de
1988 se firmó el
pacto de Ajuria-Enea entre todos los partidos vascos, a excepción de
Herri Batasuna, con el fin de acabar con la violencia de ETA.
El
28 de enero de
1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por
Eugenio Etxebeste, «Antxon») y el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, denominada
Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, terminando el alto al fuego.
Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la
reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco, el gobierno del PSOE decidió la
dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida, que busca que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas, ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad.
En
1992, la cúpula dirigente de ETA al completo es detenida en
Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «
comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada
kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de
cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado
Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los
Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.
En
1995, la organización lanzó una serie de exigencias al gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada
Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.
El 19 de abril de ese mismo año fracasó un atentado con coche bomba contra el líder de la oposición conservadora
José María Aznar, que pronto sería elegido presidente de gobierno, y, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey
Juan Carlos I, aunque el acto de mayor impacto social vino al año siguiente. El
10 de julio de
1997 secuestraron al concejal del Partido Popular de
Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Seis millones de personas se manifestaron, tanto en el País Vasco como en el resto de España, para exigir su liberación. Al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza, lo que desencadenó manifestaciones masivas de rechazo al grito de «¡Asesinos!», «Vascos sí, ETA no» y otros. Se denominó a esto entonces el «
espíritu de Ermua».
La tregua de 1998:
El
16 de septiembre de
1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie.". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de
España y
Francia, y la desaparición de
Euskal Herria.".
Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.
Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, el Partido Nacionalista Vasco y
Eusko Alkartasuna, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, objetivo político de ETA, y los partidos políticos PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".
El
12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de
Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco,
Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de
Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como
Pacto de Estella. Su firma puso fin al
Pacto de Ajuria Enea.
En mayo de
1999 se produjo en
Suiza una reunión entre representantes de la banda terrorista ETA y enviados del gobierno español. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales. La reunión no fructificó.
En septiembre de ese mismo año, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda
Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una
Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.
El
28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» politica y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del
3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.
La tregua en Cataluña:
El
26 de enero de
2004, el diario
ABC desvelaba que el entonces primer consejero de la
Generalidad de Cataluña,
Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de
Perpiñán con dirigentes de ETA y que ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en
Cataluña a cambio de que el líder de
Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad,
Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día
3 de febrero de
2004.
El
18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad,
Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del
Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.
Sigue la persecución policial:
Cada vez con más frecuencia, las acciones de ETA son frustradas por las fuerzas de seguridad del estado. El día de Nochebuena de
2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y
Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día
1 de marzo de
2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de
Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital. Al parecer estaba planeado en una zona comprendida entre
Alcalá de Henares y
Madrid, a la luz de un mapa encontrado en el vehículo.
El 11-M:
El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid
atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, pero los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis.
El mismo día de los
atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español señalaba como segura la autoría de ETA (ver
Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.
Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de españa, afectando a varias políticas contra el terrorismo.
El
25 de marzo de 2004, el Consejo Europeo realizaba una "Declaración sobre la lucha contra el terrorismo"
[15] en la que recordaban las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
[16] , la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad, ya mencionada, para afirmar que no cabe debilidad ni compromiso de tipo alguno al tratar con terroristas, que el apoyo a las víctimas es primordial y que es imprescindible para una lucha eficaz contra el terrorismo que los Estados miembros apliquen en su totalidad las medidas adoptadas por el Consejo. En este marco, fijaba una revisión de los objetivos estratégicos de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo:
Fortalecer el consenso internacional e intensificar los esfuerzos internacionales para luchar contra el terrorismo.
Restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos económicos.
Aumentar al máximo la capacidad dentro de los órganos de la UE y de los Estados miembros para descubrir, investigar y procesar a los terroristas y prevenir atentados terroristas.
Salvaguardar la seguridad del transporte internacional y garantizar sistemas eficaces de control de fronteras.
Reforzar la capacidad de la Unión Europea y de los Estados miembros para afrontar las consecuencias de un atentado terrorista.
Responder a los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas potenciales.
Enfocar actuaciones, en el marco de las relaciones exteriores de la UE, hacia terceros países prioritarios en los que es preciso mejorar la capacidad antiterrorista o el compromiso de lucha contra el terrorismo.
En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.
El
8 de octubre de
2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".
El juez instructor acerca de los atentados del
11 de marzo de
2004 en
Madrid,
Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.
La propuesta de Anoeta:
El
4 de octubre de
2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban
Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental,
Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro
zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en
Bidart en
1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una
euroorden.
El
14 de noviembre de
2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.
Resolución en el congreso para el diálogo:
Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de Abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.
El
17 de mayo de
2005, se aprobó en el
Congreso una resolución del PSOE en la que se autoriza el diálogo con ETA si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, como una clara voluntad para poner fin a la misma y actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción. Esa resolución, que contó en el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular (192 votos a favor y 142 en contra), decía explícitamente que "las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje."
Un mes después, el
19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el
1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.
Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba".
Cese de la actividad armada:
ETA ha decretado a lo largo de su historia cinco treguas totales y otras tantas parciales. La anterior tregua anunciada por ETA el
16 de septiembre de
1998, se prolongó hasta el
3 de diciembre de
1999 y fue el alto el fuego más largo de los decretados por los terroristas a lo largo de su historia.
En
22 de marzo de
2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a
Euskal Irrati Telebista (EiTB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera
Berria un alto el fuego permanente a partir del día
24 de marzo de
2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos. Cabe resaltar que el concepto de alto el fuego permanente es el mismo que utilizó el Ejército Republicano Irlandés (
IRA) cuando dio el primer paso que contribuyó a iniciar el proceso de paz definitivo en
Irlanda del Norte. Al día siguiente emitieron otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".
El
29 de junio de
2006, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del
Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el
alto el fuego.
El
30 de diciembre de
2006 la explosión de una furgoneta bomba en el
Aeropuerto de Barajas, atribuida a ETA, supone el fin del alto el fuego permanente. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).
Fin del alto el fuego:
El
5 de junio de
2007 ETA anuncia mediante un comunicado enviado al diario
Gara y al diario
Berria que da por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del
6 de junio. El presidente del gobierno español
José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el
Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los demócratas al gobierno" mientras que el lider de la oposición
Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atras con este comunicado 439 días de tregua.
CARACTERISTICAS:
El lema de ETA es bietan jarrai («seguir en las dos», es decir, en la lucha política y en la militar). Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y fue creado por
Felix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. Este emblema inspiró un símbolo utilizado en el sello de los GAL (
Grupos Antiterroristas de Liberación): un hacha y una serpiente con la cabeza cortada.
Organización:
Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado
Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciones independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales
Batasuna,
Euskal Herritarrok y
Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil
Segi (antes
Haika, antes
Jarrai y
Gazteria, también ilegalizados), el sindicato
LAB,
Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman
izquierda abertzale (
ezker abertzalea en
euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la
alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento. En instrucciones de procesos del juez
Baltasar Garzón se considera a varias de estas organizaciones y sociedades como parte de ETA. En 2005 comenzó el juicio contra varios representantes de este tipo de organizaciones, dentro del proceso 18/98 y siguientes.
Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como
refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.
Métodos:
Las tácticas intimidatorias utilizadas por ETA incluyen:
El atentado, utilizando generalmente el método del
coche bomba, la
mochila bomba o el disparo a corta distancia (conocido habitualmente como tiro en la nuca aunque no siempre se dirige a esa parte).
La
violencia de persecución en forma de amenazas anónimas, carteles y pintadas (que ha obligado a llevar escoltas a mucha gente, sobre todo en el País Vasco), usada incluso en algunas ocasiones contra políticos del
nacionalismo vasco.
El cobro del «impuesto revolucionario».
El
secuestro (argumentado con frecuencia como «castigo» por no pagar el «impuesto revolucionario»).
Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco español, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otras zonas de España. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las
FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (
IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en
Argelia,
Libia, el
Líbano y
Nicaragua.
Asesinatos :
Datos sobre ETA:
Víctimas mortales:
Civiles:
339
Policías o militares:
478
Total:
817
ETA ha matado a más de ochocientas personas, y el espectro social de sus víctimas ha ido creciendo con los años hasta abarcar, entre otros, a:
El Presidente del Gobierno de la dictadura de Franco:
Luis Carrero Blanco (1973)
Miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad de España, ya sean de la
Guardia Civil, la
Policía Nacional, o de policías autonómicas o locales, como la
Ertzaintza o los
Mossos d'Esquadra. Algunos de ellos fueron asesinados mientras servían como escoltas. ETA también ha matado a familiares de guardias civiles que se encontraban en las casas cuartel contra las que atentaba.
Parlamentarios, concejales, y hasta simpatizantes de partidos políticos, ya sean
socialistas como
Enrique Casas,
Fernando Buesa (muerto el 22 de febrero de 2000 en
Vitoria) y
Ernest Lluch (
Barcelona, 21 de noviembre de 2000, de un tiro en la nuca);
centristas, como
Ramón Baglietto;
conservadores, como
Miguel Ángel Blanco,
Alberto Jiménez-Becerril y
Gregorio Ordóñez; o de otros partidos, como el fuerista navarro Tomás Caballero, asesinado en 1998.
Jueces y abogados, algunos del expresidente del Tribunal Constitucional
Francisco Tomás y Valiente, asesinado en
1996.
Empresarios, como
Javier Ybarra.
Funcionarios de prisiones y judiciales.
Filósofos e intelectuales.
Periodistas, como el asesinado en mayo de 2000
José Luis López de la Calle.
Colectivos sociales y religiosos.
Ingenieros.
Profesionales que trabajan para el Estado, como el cocinero Ramón Díaz García (asesinado el 26 de enero de
2001, por trabajar en la Comandancia de Marina de San Sebastián).
Turistas extranjeros en España.
Niños.
Traficantes de droga.
Antiguos miembros de ETA.
Un listado de víctimas de la banda puede verse en:
Asesinatos de ETA entre 1960 y 1975 - durante la dictadura de
Francisco Franco.
Asesinatos de ETA entre 1975 y 2003 - durante la
transición y la democracia en
España.
Financiación y aprovisionamiento:
Se financiaba principalmente a través del «
impuesto revolucionario», que obligan a pagar a empresarios y profesionales cualificados de
Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. También ha cobrado rescates por
secuestros. Parte del material empleado lo consiguen mediante robos. Han sido frecuentes los robos de automóviles que luego eran utilizados como
coches-bomba o para huir del lugar de un atentado. También cometía de vez en cuando robos en almacenes de explosivos. Menos frecuentemente, robaban dinero en metálico, troqueladoras y material para falsificar placas de matrícula. En sus primeros años, robaban también material de imprenta para difundir sus escritos.
El papel de las instituciones:
Los pactos políticos en los años 80:
El
5 de noviembre de
1987, los partidos políticos españoles
PSOE,
AP,
CDS,
CiU,
PNV,
PDP, PL,
PCE y
EE, firmaron una declaración conjunta, conocida como el "Pacto de Madrid" en el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente debrían serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, y emplazaban formalmente a ETA a abandonar las armas y aceptar las vías democráticas.
Dos meses después, el
12 de enero de
1988, las principales fuerzas democráticas en el País Vasco suscribían el "
Pacto de Ajuria Enea" , donde se comprometían a trabajar por la erradicación del terrorismo como la lucha de la libertad frente a la imposición. Compartían, los firmantes de este acuerdo, la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores. La colaboración internacional se convertía en algo imprescindible para la erradicación de la violencia y se comprometían a velar por que la defensa del Estado de Derecho se produjera siempre dentro de la legalidad.
En este pacto se manifestaba el apoyo a los procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. El texto fue firmado por AP, CDS, EE, PNV y PSOE.
El
7 de octubre de
1988 se firmo el "
Pacto de Navarra. Acuerdo por la Paz y la Tolerancia" , un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de
Navarra (EE, AP, PL, DC, CDS,
UPN,
PSN-PSOE) y el presidente del gobierno navarro,
Gabriel Urralburu Tainta. En él, se denunciaban las acciones terroristas y se reafirmaban en el apoyo al Estado de Derecho y en la defensa de cualquier idea siempre que no se apoye la violencia.
Rechazaban en este acuerdo, toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, fuera reconocida en negociaciones políticas que pretendieran condicionar el desarrollo libre del sistema democrático, para reafirmar que sólo la voluntad del pueblo podía orientar el presente y el futuro de
Navarra.
Primeros reconocimientos a las víctimas:
El
8 de octubre de
1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo , que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el
23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.
El Pacto antiterrorista:
El
12 de diciembre de
2000, los dos principales partidos políticos españoles,
Partido Popular y
Partido Socialista, suscribieron el llamado
Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de
1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del
PNV y
Eusko Alkartasuna, que abandonaron el
Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.".
En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.
La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.
Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia.
El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.
Las instituciones internacionales tras el 11-S:
El día después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la
ONU aprobaba una resolución en la que, además de condernarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.
El
21 de septiembre de
2001 era el Consejo de Europa quien aprobaba las "Conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001" en las que se marcaba el plan de acción de la política europea de lucha contra el terrorismo. Sus principales puntos eran:
Reforzar la cooperación policial y judicial
Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales
Terminar con la financiación del terrorismo
Reforzar la seguridad aérea
Coordinar la acción global de la Unión Europea
El
28 de septiembre de
2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones unidas aprobaba su resolución 1373 decidía que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieron de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.
Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.
De este modo, el
27 de diciembre de
2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista "el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internaciona tipificado como delito según el Derecho nacional", y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidad gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.
En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.
Condena internacional a ETA:
El
26 de febrero de
2002, el gobierno de los
Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas , así como a algunos terroristas de esta organización.La
Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.
La ley de partidos políticos:
El
19 de abril de
2002, el
Consejo de Ministros aprobó la remisión a las
Cortes del proyecto de nueva
Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del
Consejo General del Poder Judicial y el
Consejo de Estado.
La ley, aprobada el
27 de junio de ese mismo año, pretendía la ilegalización de los partidos políticos que pertenecieran a un entramado terrorista. Esta ley, que modificaba la anterior ley de partidos políticos, anterior a la
Constitución Española, establece que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley. De ese modo, un partido sería ilegalizado cuando persiguiera "deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". Entre las acciones que se consideran destinadas a este fin se encuentra el "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta."
La ilegalización de Batasuna:
Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la
Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha
26 de agosto de
2002 decretaba la suspensión total de actividades de
Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.
Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el
Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.
Después de estudiar estas dos demandas, el
27 de marzo de
2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.
La lista de organizaciones terroristas de la UE:
En la reunión del Consejo Europeo del
5 de junio de
2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".
Prisión:
Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.
A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA
Etxerat reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la
Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por
terrorismo se celebran en la
Audiencia Nacional. Según Etxerat hay unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto se encuentran repartidos por otras cárceles de España.
En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de
París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés.
Hay además cinco presos de ETA en dos cárceles de
México y uno en el
Reino Unido.
Apoyo social:
ETA disponía de un considerable apoyo social durante el
franquismo, periodo en que asesinó a
Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de
Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma
Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.
Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el
Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la
Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.
Tortura:
El debate sobre la
tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia .
Precisamente, el primer asesinato planeado por ETA fue contra
Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.
Las denuncias por torturas no cesaron con la
Constitución de 1978, pero el gobierno español afirma que las denuncias son falsas y se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). En ocasiones, los acusados sí presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación [
cita requerida], pero la policía alega que se las han infligido los propios detenidos a sí mismos, que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse. Por otro lado las denuncias de tortura no se ciñen exclusivamente a las personas acusadas de relación con ETA o el mundo abertzale, y se han denunciado también casos de tortura hacia otros sectores sociales como pueden ser los inmigrantes.
Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, el PP, el PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial. Otras entidades, como la
Organización de las Naciones Unidas (que envió a su relator
Theo van Boven),
Amnistía Internacional,
Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla,
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como
IU,
PNV o
EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinion pública (como en el caso de
Unai Romano) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de
Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).
En este sentido, en
2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de
Amnistía Internacional y anunció que la
Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos.
ETA en el arte:
En el cine:
Aunque las series de ficción televisiva, incluso las policiacas, suelen rehuir el tema de ETA, diversas películas tanto documentales como de ficción, han tratado el tema de ETA en el cine:
1977 Comando Txikia (
José Luis Madrid)
1978 Toque de queda (
Iñaki Núñez)
1979
El proceso de Burgos (
Imanol Uribe)
1979 Operación Ogro (
Gillo Pontecorvo)
1981
La fuga de Segovia (Imanol Uribe)
1983 El caso Almería (
Pedro Costa)
1983 El Pico (
Eloy de la Iglesia)
1983 Euskadi: hors d'etat (
Arthur Mac Caig)
1983 La muerte de Mikel (Imanol Uribe)
1983 Los reporteros (
Iñaki Aizpuru)
1984 Goma 2 (
José Antonio de la Loma)
1985 Golfo de Vizcaya (
Javier Rebollo)
1986 El Amor de ahora (
El Ernesto del Río)
1987 La rusa (
Mario Camus)
1988 Ander y Yul (
Ana Díez)
1988 Proceso a ETA (
Manuel Macià)
1989 Días de humo (
Antxon Eceiza)
1989 La Blanca Paloma (
Juan Miñón)
1991 Amor en off (
Koldo Izagirre)
1991 Cómo levantar mil kilos (
Antonio Hernández)
1992 La hiedra (
Antonio Conesa)
1993 Sombras en una batalla (Mario Camus)
1994
Días contados (Imanol Uribe)
1997 A ciegas (
Daniel Calparsoro)
2000
Yoyes (
Helena Taberna)
2001 El viaje de Arián (
Eduard Bosch)
2001 La voz de su amo (
Emilio Martínez Lázaro)
2001
Asesinato en febrero (
Eterio Ortega)
2001 Los Justos (
José Antonio Zorrilla)
2004
La Pelota Vasca (
Julio Medem)
2004 Perseguidos (Eterio Ortega)
2004
El Lobo (
Miguel Courtois)
2005 Trece entre Mil (
Iñaki Arteta)
2006
Esos cielos (
Aitzpea Goenaga)
En novela:
El tema de ETA ha sido tratado en novelas como
Gálvez en Euskadi y
Gudari Gálvez de
Jorge Martínez Reverte,
Operación Ogro de
Eva Forest,
Esos cielos de
Bernardo Atxaga o
Exkixu, novela del ex-militante de ETA
José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi.
